Después de que una comisión investigadora identificara la práctica generalizada de la corrupción y la destrucción de recursos en el sector forestal de Papua Nueva Guinea, se introdujo una nueva Política Forestal nacional en 1991, pero hasta la fecha en que se escribió este artículo no se le había implementado íntegramente. El autor, basado en un análisis exhaustivo de las prácticas tradicionales de tenencia de tierra y de los intereses de las partes afectadas, predijo las posibles reacciones de los dueños de los recursos, las empresas madereras, las ONG y el Estado ante las diferentes opciones de la política forestal, en el contexto de cambios sociales más amplios. Gracias al reconocimiento jurídico vigente de los grupos de usuarios de los recursos locales, se contaba con una buena base para la gestión forestal comunal, pero hasta esos momentos el gobierno había faltado a sus obligaciones para con los ciudadanos, debido a su política débil.